BOGOTÁ
La Corte Suprema de Justicia ordenó la libertad provisional de Iván Name, expresidente del Senado, y Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, investigados por el escándalo de presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La decisión, adoptada por la Sala Especial de Primera Instancia, se fundamentó en el vencimiento de términos, debido a que se agotó el plazo máximo permitido por la ley para mantener a los dos excongresistas privados de la libertad preventivamente sin que terminara el juicio en su contra.
Aunque ambos podrán recuperar su libertad tras cumplir las condiciones impuestas por la Corte, la determinación no representa una absolución ni significa que hayan terminado las investigaciones judiciales.
La Corte fijó el plazo máximo de detención
Según la información del proceso, Name y Calle permanecían detenidos desde el 7 de mayo de 2025, mientras que la resolución de acusación quedó en firme el 7 de octubre de ese mismo año.
La legislación contempla un plazo ordinario para avanzar hacia la audiencia pública, que puede extenderse hasta doce meses cuando se ordena la práctica de pruebas en el exterior. En este caso, el término máximo se cumplió el 7 de octubre de 2026 sin que concluyera el juzgamiento.
La Sala precisó que la complejidad del expediente y las dificultades propias de la actividad judicial no permiten prolongar una medida de detención preventiva más allá de los límites legales.
Durante el periodo analizado, la Corte adelantó distintas diligencias, entre ellas los interrogatorios a doce testigos entre marzo y octubre de 2026 y la recopilación de documentos relacionados con la investigación. Sin embargo, esas actuaciones no modificaron el vencimiento del plazo establecido para mantenerlos detenidos.
Las acusaciones que mantienen bajo investigación a los excongresistas
Iván Name y Andrés Calle son investigados por los presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación en favor de terceros, dentro del caso relacionado con el supuesto direccionamiento irregular de recursos de la UNGRD.
La investigación se centra, entre otros hechos, en posibles pagos ilegales para conseguir respaldo político a las reformas pensional y de salud impulsadas por el Gobierno nacional en 2023.
De acuerdo con las acusaciones, los supuestos sobornos estarían relacionados con un contrato de $46.800 millones adjudicado a la empresa Impoamericana Roger S.A.S. para la adquisición de 40 carrotanques destinados al suministro de agua potable en La Guajira.
En el expediente se señala que Andrés Calle habría recibido $1.000 millones en efectivo en su apartamento de Montería, mientras que a Iván Name se le atribuye la presunta recepción de $3.000 millones en dos entregas realizadas en el hotel Tequendama Suites, en Bogotá. Según la investigación, los recursos habrían sido entregados a través de intermediarios vinculados al caso.
Estas afirmaciones corresponden a señalamientos que deberán ser examinados dentro del proceso judicial y no constituyen, por sí mismos, una declaración definitiva de responsabilidad penal.
Libertad provisional bajo condiciones
La solicitud para recuperar la libertad fue presentada por las defensas el 8 de octubre de 2026. La decisión quedó en manos de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, encargada del juzgamiento de funcionarios con fuero constitucional en este expediente.
Para hacer efectiva la medida, cada uno de los excongresistas deberá constituir una caución prendaria equivalente a diez salarios mínimos legales mensuales vigentes, según lo dispuesto en la decisión judicial.
La salida de prisión marca un nuevo capítulo en uno de los procesos de presunta corrupción más relevantes relacionados con la gestión de recursos para atender emergencias en Colombia. No obstante, el caso continúa abierto y la responsabilidad de los implicados deberá establecerse mediante las decisiones correspondientes de la justicia.