MONTERÍA
Una visita de inspección y control adelantada a la seccional del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) en el departamento de Córdoba dejó al descubierto un esquema de presuntas irregularidades administrativas, contractuales y presupuestales en convenios que comprometen recursos públicos por miles de millones de pesos. Los hallazgos iniciales documentan prácticas como la elaboración de pliegos de condiciones direccionados para favorecer a contratistas recurrentes, carencia de estudios de mercado, fraccionamiento de contratos y desembolsos avalados por supervisores sin la debida verificación de cumplimiento.
El informe preliminar de auditoría detalla anomalías puntuales en la ejecución presupuestal. Entre los casos más críticos figura un contrato enfocado en el bienestar de los aprendices por un monto de 933 millones de pesos, en el cual se reportó la entrega de refrigerios en condiciones no aptas para el consumo —incluso suministrados a menores de edad—, junto con la facturación y cobro al 100 % de eventos institucionales que no contaron con la concurrencia de los beneficiarios programados.
Asimismo, la revisión identificó inconsistencias en otro convenio por valor de 765 millones de pesos destinado a la atención médica. El balance arrojó retrasos sistemáticos en los despachos, suministros parciales de insumos y la recepción de medicamentos cercanos a su fecha de vencimiento, pese a lo cual las órdenes de pago fueron liquidadas en su totalidad.
Auditoría nacional e investigaciones judiciales
Las pesquisas administrativas también detectaron fallas contractuales en el suministro de pasajes aéreos, servicios de alimentación y actividades de esparcimiento, mientras que la adquisición de material formativo, equipos técnicos y computadores para los aprendices permanece paralizada. La entidad confirmó que esta semana se divulgará el balance consolidado, el cual integrará la revisión del estado de la infraestructura física, los convenios con instructores, las mallas curriculares y un informe financiero pormenorizado.
Una vez formalizado el documento definitivo, los expedientes serán remitidos a la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación para que se inicien las investigaciones penales, fiscales y disciplinarias pertinentes. La acción busca esclarecer la presunta participación de funcionarios y actores políticos locales en el manejo irregular de las asignaciones presupuestales.
Finalmente, el Gobierno nacional confirmó que la intervención y revisión contractual aplicada en Córdoba no será un hecho aislado, sino que se extenderá de forma paulatina a todas las sedes y direcciones regionales del Sena a nivel nacional, con el objetivo de fiscalizar la inversión de los dineros destinados a la formación técnica y laboral de los jóvenes en el país.
