BOGOTÁ
La Corte Suprema de Justicia, en coordinación con el Inpec, definió los lugares de reclusión para los congresistas Wadith Alberto Manzur Imbett y Karen Astrith Manrique Olarte, quienes enfrentarán juicio por su presunta participación en el escándalo de corrupción de Gestión del Riesgo.
Según las órdenes, Wadith Manzur será trasladado a la Escuela de Carabineros de la Policía, mientras que Karen Manrique permanecerá en la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor, en Bogotá.
La Sala Especial de Instrucción dispuso la detención preventiva de ambos luego de acusarlos de cohecho impropio, tras tres sesiones extraordinarias realizadas el 11 de marzo.
La investigación apunta a que los congresistas habrían manipulado contratos de la UNGRD para favorecer al gobierno de Gustavo Petro en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
Además de Manzur y Manrique, la Corte mantiene bajo investigación, pero en libertad, a los congresistas Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera.
Según la Corte, en varias reuniones se habría definido que los legisladores recibirían beneficios a cambio de su apoyo: se trataba de la agilización de contrataciones y obras de interventoría de tres proyectos en los departamentos de Córdoba, Arauca y Bolívar.
El tribunal señala que existe abundante evidencia que sugiere que los congresistas habrían participado en cohecho impropio estableciendo incluso los montos que recibirían del Ejecutivo.
Las pruebas
El 12 de junio de 2024, en interrogatorio ante la fiscal María Cristina Patiño, el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, mencionó por primera vez a Manrique y Manzur. La fiscal le preguntó: “¿Qué congresista era el delegado para hablar con los demás?”
López explicó que Karen Manrique fue mencionada en el contexto de la negociación con el ministro Luis Fernando Velasco, hoy preso por el caso, como enlace entre el Gobierno y el Congreso para decisiones relacionadas con la gestión del Riesgo.
La negociación, en sus palabras, se realizaba directamente en el Ministerio del Interior, donde se definían los contratos y luego se asignaba un congresista para informar sobre los avances. En una reunión con Velasco habría surgido la necesidad de reemplazar a Manrique como enlace.
Ella habría sugerido un nombre, pero fue interrumpida, y se decidió que Wadith Manzur asumiera el rol junto con María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien hoy está preso. Ella está en libertad bajo un principio de oportunidad firmado con la Fiscalía.
Tras ello, Olmedo López contactó a Sneyder Pinilla, subdirector, mediante videollamada desde el despacho del ministro el 15 de diciembre de 2023 a las 8:42 a. m., para ponerlo al tanto de la reunión, los participantes y las instrucciones impartidas, integrándolo virtualmente sin interrumpir la sesión dirigida por Bonilla, con la asistencia de Benavides y Olmedo López.
Al concluir la videollamada con Sneyder Pinilla, Benavides le confirmó que los contratos ya estaban definidos y que involucraban a los dos representantes a la Cámara.
Los proyectos estaban destinados a los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar, con un valor aproximado de 92.000 millones de pesos. Olmedo López le explicó a la fiscal Patiño que, para dejar evidencia, registró su comunicación con Pinilla mediante WhatsApp.
Indicó que antes de retirarse de la reunión en el Ministerio, solicitó a Benavides que no lo llamara directamente, ni a él ni a Jaime Ramírez Cobo, asesor del Dapre hoy indagado en el caso, y que se mantuviera la comunicación únicamente entre ella y Pinilla.
Por lo pronto, y tras la entrega de Manrique en Tame, Arauca, se espera que Wadith Manzur sea capturado inmediatamente. Estos dos casos se suman a la larga lista de investigados por este escándalo que ha sacudido al Gobierno Petro desde arriba hacia abajo.