BOGOTÁ
El Ministerio Público tomó decisiones drásticas contra dos congresistas del Pacto Histórico por diferentes causales que configuran presuntas faltas disciplinarias y extralimitación de funciones, apartándolos de sus funciones de manera inmediata.
El caso de Agmeth Escaf
En primer lugar, el órgano de control sancionó con suspensión provisional hasta el próximo 21 de junio al representante por el Atlántico, Agmeth Escaf. La apertura de la investigación disciplinaria formal se originó tras las declaraciones emitidas por el congresista en una entrevista, donde utilizó calificativos desobligantes contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, afirmando textualmente que este «se comporta como la perra de Estados Unidos». La Procuraduría evalúa si estas afirmaciones vulneran los deberes de respeto y decoro exigidos a los servidores públicos. Sera suspendido hasta el 21 de junio.
El caso Gloria Arizabaleta
Sobre la presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara, Gloria Arizabaleta. La Procuraduría la suspendió bajo la sospecha de haber incurrido en el delito de prevaricato, luego de que emitiera un auto para apartar de su cargo de forma provisional al presidente de la República, Gustavo Petro, restringiendo su mandato
Si bien Arizabaleta poseía la facultad legal como representante investigadora de la célula legislativa único tribunal competente para procesar al jefe de Estado, la Procuraduría advierte que la congresista decretó la medida cautelar presuntamente:
- Sin acreditar el análisis riguroso de los requisitos de procedencia.
- Sin enviar el auto inmediatamente al grado de consulta ante la plenaria de la Comisión de Acusación, como exige el debido proceso en el derecho disciplinario.
Pese al impacto mediático de la decisión adoptada inicialmente por la representante contra el mandatario (motivada por presuntos trinos y discursos a favor del candidato oficialista Iván Cepeda), la suspensión de la propia Arizabaleta y la falta de quórum en la Comisión de Acusación neutralizan cualquier efecto jurídico de la medida.
El cronograma legislativo juega en contra de la resolución del caso, dado que las sesiones ordinarias del Congreso expiran el 20 de junio y el nuevo Legislativo no asumirá funciones sino hasta el 20 de julio.
Finalmente, el escenario judicial de Arizabaleta se complica aún más en el plano penal, dado que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ya asignó por reparto al magistrado Misael Rodríguez una denuncia en su contra por el supuesto delito de prevaricato.
Pese al impacto mediático de la decisión adoptada inicialmente por la representante contra el mandatario (motivada por presuntos trinos y discursos a favor del candidato oficialista Iván Cepeda), la suspensión de la propia Arizabaleta y la falta de quórum en la Comisión de Acusación neutralizan cualquier efecto jurídico de la medida.
El cronograma legislativo juega en contra de la resolución del caso, dado que las sesiones ordinarias del Congreso expiran el 20 de junio y el nuevo Legislativo no asumirá funciones sino hasta el 20 de julio.
Finalmente, el escenario judicial de Arizabaleta se complica aún más en el plano penal, dado que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ya asignó por reparto al magistrado Misael Rodríguez una denuncia en su contra por el supuesto delito de prevaricato.