MONTERÍA
La Gobernación de Córdoba puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación dos situaciones relacionadas con el sector educativo, luego de recibir información y adelantar las respectivas verificaciones desde las dependencias competentes.
El primer caso está relacionado con denuncias recibidas sobre un ciudadano que, presuntamente, se estaría haciendo pasar por funcionario de la administración departamental para ofrecer a docentes y particulares supuestas gestiones relacionadas con nombramientos, traslados y acceso a cargos, a cambio de dinero. Según la información conocida, esta persona habría solicitado sumas de entre 10 y 40 millones de pesos a sus víctimas. De acuerdo con las indagaciones, además de utilizar presuntamente el nombre de la Gobernación de Córdoba, la persona señalada en oportunidades anteriores habría manifestado tener vínculos con entidades como la Fiscalía General de la Nación, la DIAN y la Contraloría.
Ante estos hechos, desde la Gobernación de Córdoba se interpuso la denuncia por presunta estafa bajo la modalidad de masa, para que se adelanten las investigaciones correspondientes y las autoridades judiciales tomen el control del caso.
Por otro lado, desde la Secretaría de Educación Departamental se detectaron presuntas inconsistencias en documentos utilizados para el trámite de incapacidades médicas por parte de una docente de un plantel educativo oficial.
Una vez conocida la situación, la cartera solicitó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) la verificación de los documentos y recibió confirmación de que algunos de ellos no correspondían a incapacidades válidas. Por tal motivo, la Gobernación de Córdoba procedió ante la Fiscalía e instauró una denuncia por el delito de presunta falsedad en documento privado y fraude procesal, para que se determinen las circunstancias en las que se usaron los documentos presentados por la educadora y las responsabilidades que esto conlleva.
La administración departamental aclaró que ambos casos son independientes y se encuentran en manos de las autoridades competentes. Asimismo, se indicó que estas actuaciones hacen parte de la obligación de la Gobernación de Córdoba de poner en conocimiento de las autoridades cualquier hecho que pueda afectar la transparencia de los procesos públicos.
Del mismo modo, se hace un llamado a la ciudadanía para que tenga en cuenta que trámites como los referenciados en el primer caso, no se realizan con intermediarios ni implican cobros.