MONTELÍBANO
El alcalde Gabriel Calle de Moya realizó una jornada de verificación en el sector de Puerto Nuevo, con el propósito de constatar el avance de las obras de construcción del puente sobre la quebrada “El Perro”, la cual impacta la vida diaria de los habitantes. Durante el recorrido, evaluó el proyecto que está en ejecución.
Desde la administración municipal se continúa aportando a la generación de empleo para ciudadanos de la región, vinculando mano de obra local durante la ejecución de este importante proyecto de infraestructura.
La obra beneficiará directamente a los habitantes de Puerto Nuevo y corregimientos vecinos, mejorando la movilidad, la conectividad y las condiciones de tránsito para las comunidades de la zona.
Cabe indicar que la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-120 de 2025, ordenó la construcción de este puente sobre la quebrada “El Perro”, en el corregimiento de Puerto Nuevo en Montelíbano, con el fin de garantizar los derechos fundamentales a la vida, la salud, la integridad y la educación de la comunidad.
Durante años, los habitantes de esa población rural dependieron de un puente artesanal levantado por ellos mismos, sin condiciones de seguridad, para acceder a la cabecera municipal y a servicios esenciales. La Corte advirtió que esta situación, agravada por el incumplimiento de un proyecto anunciado desde 2021 bajo el mecanismo de “obras por impuestos”, representaba un riesgo constante y una vulneración de derechos.
En su decisión, el alto tribunal reconoció el esfuerzo y la organización comunitaria, pero enfatizó que corresponde al Estado garantizar la infraestructura adecuada. Inicialmente, la construcción había sido asignada a la empresa Cerro Matoso S.A., pero al ser retirada esa obligación por la Agencia de Renovación del Territorio, la responsabilidad recayó en la Alcaldía de Montelíbano, conforme a la normativa sobre vías municipales.
La sentencia ordenó a la Alcaldía presentar un plan de contingencia en un mes, asegurar los recursos en un plazo de cuatro meses y ejecutar la obra definitiva en máximo dos años. Además, la Gobernación de Córdoba y el Ministerio de Transporte deberán brindar apoyo técnico y financiero, mientras que la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo supervisarán el cumplimiento de este fallo.