REGIÓN
El Gobierno Nacional descartó por ahora la posibilidad de intervenir la empresa Afinia, filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM), luego de la solicitud presentada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien planteó la necesidad de buscar una salida estructural a la situación financiera que atraviesa la compañía.
Gutiérrez se reunió este sábado en Barranquilla con el presidente Abelardo De La Espriella para abordar, entre otros asuntos, la situación de Afinia; empresa encargada de la prestación del servicio de energía eléctrica en los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y 11 municipios del sur del Magdalena.
Tras el encuentro, el mandatario de la capital de Antioquia explicó que la posición de EPM es que la operación de Afinia se ha vuelto financieramente difícil de sostener. Según sus declaraciones la empresa registra pérdidas cercanas a los $1,5 billones anuales.
“Esto necesita una salida estructural”, manifestó Gutiérrez, al insistir en que la situación ha llegado a un punto en el que EPM no puede continuar asumiendo indefinidamente las pérdidas generadas por la operación en la región Caribe.
El alcalde de Medellín también recordó que, a diferencia de Air-e, que dejó de operar en varios territorios de la región, EPM ha mantenido el servicio a través de Afinia pese a los resultados financieros negativos. La compañía ha buscado evitar cortes de energía y garantizar la continuidad de la prestación del servicio.
En medio de este panorama, Gutiérrez aseguró que EPM estaría dispuesta a vender Afinia a un eventual interesado en asumir la operación en la región Caribe.
De acuerdo con el alcalde, la propuesta contempla recuperar la inversión realizada por EPM, estimada en $3,2 billones, más un peso. La intención, explicó, no sería obtener una ganancia adicional, sino garantizar que una eventual negociación no genere cuestionamientos relacionados con el manejo de recursos públicos.
La discusión se produce en medio de las dificultades que enfrenta el sector energético de la región Caribe, donde las pérdidas, el recaudo, el deterioro de la infraestructura y los costos asociados a la prestación del servicio han generado un debate sobre la sostenibilidad de las empresas encargadas de atender a los usuarios.