BOGOTÁ
Durante su intervención ante las Comisiones Económicas Conjuntas del Senado de la República y la Cámara de Representantes, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond, presentó un diagnóstico del estado financiero de la cartera y anunció la adopción de drásticas medidas administrativas.
El funcionario del actual Gobierno confirmó la suspensión inmediata y la no renovación de 10.000 contratos de prestación de servicios (OPS), decisión que frena el desembolso de $540.000 millones de pesos destinados teóricamente al apoyo de las comunidades campesinas.
La decisión
De acuerdo con lo manifestado por el ministro en el Congreso, la determinación se tomó tras realizar una evaluación interna que dejó al descubierto abultadas nóminas paralelas sin justificación operativa. Según las verificaciones del ministerio, se identificaron despachos con hasta 25 asesores que no cumplían labores ni asistían a trabajar, respondiendo a cuotas de carácter político burocrático más que a necesidades técnicas del campo colombiano.
De igual forma, durante su intervención ante las comisiones económicas, el ministro Dangond, aseguró que el presupuesto de la entidad cayó 32%, equivalente a $1,3 billones, pero aseguró que el recorte también permitirá revisar gastos y cambiar la destinación de los recursos. “El Ministerio de Agricultura lo recibimos en sala de urgencias y lo que vamos a hacer en el 2027 es normalizar el paciente. A mí no me molesta la reducción. Yo sé trabajar con lo que me pongan”, afirmó.
No se comprarán más hectáreas de tierras
En esa misma línea, la administración agropecuaria decidió frenar los procesos de adquisición directa de terrenos rurales. El funcionario reveló que, de la meta trazada inicialmente por 3 millones de hectáreas, la administración anterior solo concretó la adquisición de 350.000 hectáreas por un valor de $3,9 billones de pesos, dejando una cartera pendiente de pago por $1,4 billones de pesos por fincas ya adjudicadas.
“De los 3 millones de hectáreas que dijeron que iban a comprar, se adquirieron 350.000 por $3,9 billones. De esas, se quedaron debiendo $1,4 billones. Por esta razón, vamos a revisar las operaciones realizadas antes de continuar con nuevas adquisiciones”, señaló el funcionario del Gobierno.
Auditoría forense
Frente al compromiso pendiente de $1,4 billones de pesos en la adquisición de inmuebles, el Ministerio de Agricultura ordenó la práctica de una auditoría forense sobre el 63% de los predios que esperan desembolso. La revisión busca determinar la existencia de sobreprecios, toda vez que las inspecciones preliminares arrojaron que el valor comercial de múltiples fincas fue inflado de forma desmedida durante las negociaciones iniciales.
El ministro Dangond enfatizó que el Gobierno Nacional mantendrá congelados esos $1,4 billones de pesos en lo que resta del año, condicionando cualquier pago a que la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación certifiquen la transparencia y legalidad de cada expediente. La meta es culminar las investigaciones antes de finalizar el mes de diciembre para blindar jurídicamente a la dirección de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).