BOGOTÁ
El Gobierno Nacional alista la radicación formal ante el Congreso de la República de un proyecto de ley con mensaje de urgencia para solicitar la aprobación de una partida presupuestal de $1,2 billones de pesos. La iniciativa legislativa responde a la necesidad apremiante de asegurar liquidez al sector energético y mitigar los impactos operativos derivados del fenómeno de El Niño, previniendo un eventual racionamiento de energía o apagón en el país.
El anuncio estuvo a cargo del ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez, quien sustentó que el uso de la figura constitucional de urgencia permitirá acortar los plazos del debate parlamentario, promoviendo sesiones conjuntas en las comisiones económicas de ambas cámaras para acelerar su expedición.
Los recursos que se pretenden recaudar estarán enfocados en garantizar la operatividad de las generadoras térmicas, solventar las presiones de liquidez en la cadena de distribución y sostener la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN) durante la temporada seca.
Incentivo presupuestal y respaldo al sector energético
El ministro Gómez enfatizó que la coyuntura climática impone una alta exigencia financiera a la infraestructura de generación, por lo que resulta indispensable dotar de flujo de caja a los actores del mercado energético para evitar suspensiones en la prestación del servicio.
La inyección presupuestal complementará las estrategias de contingencia desarrolladas por el sector para mantener activas las fuentes de energía alternativa frente a los bajos niveles de los embalses en el territorio nacional.
Con la presentación del mensaje de urgencia, el Gobierno espera que el articulado cuente con un ágil tránsito en las Comisiones Terceras y Cuartas del Senado de la República y la Cámara de Representantes, de modo que las autorizaciones de gasto queden consolidadas en el menor tiempo posible.
Desde la cartera de Hacienda se reafirmó el compromiso de coordinar con las comisiones del Congreso los aspectos técnicos y fiscales del proyecto, garantizando que el país cuente con los mecanismos financieros necesarios para superar la emergencia climática sin afectar a los usuarios ni al desarrollo productivo nacional.