MONTERÍA
Mientras el 80% de los municipios cordobeses intentan sobrevivir bajo el agua debido a una de las temporadas invernales más crudas de los últimos años, un proyecto de resolución del Ministerio de Agricultura ha encendido las alarmas en el sector productivo y las autoridades locales.
El foco de la discordia es la declaratoria de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), una iniciativa que busca blindar 670.075 hectáreas en 17 municipios de Córdoba —incluyendo Montería, Cereté, Lorica y Montelíbano— para uso exclusivo agropecuario, limitando de tajo otras actividades productivas.
La resolución, publicada por el despacho de la ministra Marta Liliana Carvajalino se basa en una modificación reciente de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo que otorga a estas áreas el carácter de «determinante de ordenamiento territorial de nivel superior».
En la práctica, esto significa que la decisión del Ministerio de Agricultura tiene mayor jerarquía que los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) diseñados por los alcaldes y concejos municipales. Si se aprueba, los mandatarios locales perderían autonomía para decidir sobre el uso de su propio suelo, quedando obligados a ajustar sus normativas a los lineamientos trazados desde Bogotá por la UPRA (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria).
La denuncia
A través de una carta enviada a la ministra Carvajalino, el presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Juan Camilo Nariño, ha solicitado la suspensión inmediata del proceso de consulta pública, cuya fecha límite es el próximo 20 de febrero.
El argumento central es la «desconexión» del Gobierno frente a la emergencia climática que atraviesa la región. «Promover una regulación de alto impacto estructural cuando la mayor parte del departamento se encuentra sumido en el agua implica, en la práctica, limitar las condiciones materiales y democráticas necesarias para una participación adecuada», señala la misiva.
Según la ACM, es «materialmente imposible» que las familias afectadas, que hoy luchan por salvar sus viviendas, cultivos y enseres, puedan participar en un debate técnico y jurídico sobre el futuro productivo de sus tierras a largo plazo. Avanzar en estas condiciones, advierte el gremio, vulnera el derecho fundamental a la participación ciudadana y debilita la confianza institucional.
Autonomía en riesgo
El conflicto trasciende lo gremial para entrar en el terreno constitucional. El proyecto impacta directamente en las competencias de los alcaldes y concejos (artículos 311 y 313 de la Constitución), quienes son los encargados naturales de reglamentar los usos del suelo.
Para los críticos del proyecto, la imposición de estas APPA como normas de superior jerarquía es vista como una forma de «centralismo agrario» que ignora la vocación diversa de Córdoba, un departamento que combina la ganadería, la agricultura, la minería y el potencial turístico.
¿Prioridades Invertidas?
Mientras el Ministerio busca acelerar la protección de suelos para la seguridad alimentaria, la realidad en el terreno es que miles de hectáreas ya productivas están hoy inutilizadas por el desbordamiento de ríos y cuerpos de agua.
El llamado de los actores sociales y productivos es claro: antes de dictar normas de superior jerarquía que restrinjan el desarrollo futuro de la región, el Estado debe concentrar sus esfuerzos en atender la emergencia, reconstruir la infraestructura dañada y salvaguardar la integridad de los cordobeses.
Por ahora, el Ministerio de Agricultura no se ha pronunciado sobre la solicitud de suspender la consulta. De no hacerlo, el 20 de febrero se cerraría el plazo para comentarios de una ciudadanía que, irónicamente, tiene hoy otras urgencias mucho más vitales: el agua al cuello y la incertidumbre sobre su sustento inmediato.