
MONTERÍA
La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, presentó la ‘Alerta Temprana Electoral 2025-2026’, un informe preventivo basado en 14 variables de riesgo y en la presencia territorial de la institución en los más de 1.100 municipios del país.
De acuerdo con la alerta, casi todo el departamento de Córdoba se encuentra en riesgo electoral.
Cuatro municipios de nuestro departamento requieren acciones urgentes de parte de las autoridades de cara a las elecciones de 2026.
Estas poblaciones son: Tierralta, San José de Uré, La Apartada y Ayapel, todas en el sur del departamento de Córdoba.
En el mismo estudio de riesgos, el Ministerio Público, advierte municipios como Puerto Libertador, Montería, Montelíbano y Ciénaga de Oro, con llamado a la acción prioritaria.
El documento señala que el accionar de grupos armados ilegales, en particular el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), ha configurado un escenario de control territorial que amenaza directamente los derechos políticos y las libertades civiles de la población.
De acuerdo con el análisis macroregional, Córdoba se encuentra bajo un escenario de “control hegemónico” por parte del EGC, grupo también conocido como Clan del Golfo. Esta dinámica se caracteriza por la imposición de normas de convivencia, toques de queda, regulación de la movilidad, infiltración en Juntas de Acción Comunal (JAC) y resguardos indígenas, así como la llamada “mediación” de conflictos comunitarios.
El resto de los municipios del departamento de Córdoba aparecen bajo observación permanente.
“Cada región del país demanda una respuesta distinta, no existe una receta única: la acción debe ser diferenciada, oportuna y proporcional”, expresó la Defensora del Pueblo, Iris Marín, al presentar un decálogo de recomendaciones a entidades responsables.
La Alerta destaca la necesidad de medidas diferenciales para proteger a: Precandidaturas, candidaturas y sus equipos de campaña y familias, servidores públicos en cargos de elección popular y en labores electorales, defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, periodistas, jóvenes, mujeres, población LGBTIQ+, víctimas y firmantes del Acuerdo de Paz.
